Condiciones de uso — piloto no comercial
VERSIÓN DE PRUEBAS. No se cobran importes, no se formaliza compraventa, no existe obligación de comprar o vender por registrar una oferta y no se reserva el vehículo.
1. Objetivo del piloto
Los participantes pueden registrarse, publicar borradores sujetos a aprobación, probar pujas ascendentes y formular ofertas privadas. La aceptación o rechazo de propuestas en el piloto no genera una obligación contractual de compraventa.
2. Publicación
El anunciante debe disponer de legitimación para anunciar el vehículo y aportar información veraz. Queda prohibido ocultar defectos relevantes, infringir derechos de terceros o publicar datos sensibles en fotografías o texto. PUJARIA puede rechazar o retirar anuncios de prueba.
3. Pujas y ofertas privadas
Las pujas públicas siguen un incremento mínimo y un plazo de cierre, con posible prórroga automática de los últimos minutos. Las ofertas privadas inferiores al precio anunciado se registran sin indicar al comprador el precio mínimo secreto. Las dos modalidades son demostrativas en esta fase.
4. Tarifas futuras, aún no activas
Se propone estudiar un acceso de 1 € a pujas ordinarias y 2 € al acceso con ofertas privadas, con pagos verificables; además de un destacado opcional y comisiones de éxito. Ninguna de esas tarifas se cobra actualmente. Antes de lanzar se publicarán importes finales, impuestos, reembolsos, caducidad, reglas antifraude y condiciones de contratación válidas.
5. Vendedores profesionales y particulares
El sistema distinguirá ambos perfiles y sus distintas obligaciones legales. La insignia de profesional verificado solo se otorgará tras controles documentales. No se garantiza legalmente la identidad ni el estado mecánico hasta habilitar procedimientos efectivos.
6. Prevención de abusos y reclamaciones
Se prohíben pujas artificiales, cuentas falsas y manipulación de anuncios. Debe habilitarse un sistema de reclamaciones y gestión de incidencias antes del lanzamiento comercial.
7. Derecho aplicable
El régimen jurídico, los derechos de los consumidores y la identificación del prestador deben ser revisados por asesoría jurídica antes de aceptar compras, reservas o pagos reales.